‘Cortos de Fondos’ 122/258

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*Editorial de “La Nación” (31 de marzo)

Los idiotas son de dos tipos: los que padecen, para su desdicha y la de sus familias, una insuficiencia mental que les impide adaptarse a la sociedad, o la dificulta más de lo normal, y los que gozan para nuestra desgracia, de una suficiencia mental que les impele a considerar que toda la sociedad está formada por idiotas.

Quede claro ante todo esta consideración sobre un epíteto –y por supuesto sus sinónimos, entre otros: estúpido, imbécil, subnormal, orate, retrasado mental, e incluso bobo– que se aplica de modo cuando menos desafortunado a dos tipos de personas tan diferentes; totalmente opuestas, en realidad. Porque el subnormal, que es incapaz de aprender los más sencillos mecanismos sociales, poco o nada tiene nada que ver  con el estúpido, que “sabe” que todos los demás somos anormales; o al menos actúa como si así fuera. Quizá a algunos les resulte prolija esta introducción, pero los familiares y amigos de las personas que padecen disfunciones psíquicas son extremadamente sensibles a los matices. Y desde su punto de vista no les falta razón.

Esta invectiva contra los idiotas, o mejor expresado, contra su exceso, ataca naturalmente –de sobra es conocida nuestra línea editorial a este respecto– a los del primer grupo. Esos seres inadaptados, discapacitados disminuidos, insociables, en suma, que gozan de vacaciones de por vida costa de los impuestos que pagamos el resto de los ciudadanos incluidos –sí, mal que nos pese: los otros idiotas– integrantes del segundo grupo.

La evolución de la consideración de los idiotas –a partir de este momento, los del primer grupo– ha sido la de una sociedad crecientemente compasiva. De quemarlos en la hoguera hemos pasado, en poco más de una década, justamente después de la aprobación de la Ley de Protección de los Disminuidos, a colmarlos de atenciones.  Y en términos económicos, desde la perspectiva de las arcas estatales, el coste de los idiotas ha pasado en tan corto espacio de tiempo de ser apenas el propio de los fungibles utilizados –esto es, la leña, muy barata entonces, aunque solía ser facilitada por los propios ciudadanos– a  ¡una tercera parte del Producto Interior Bruto! ¿Quién, en su sano juicio, puede explicar con un mínimo de coherencia por qué habría de destinar una sociedad una de cada tres esfuerzos productivos a cuidar, mantener y dar cumplimiento a los caprichos de los idiotas?

Las estadísticas demuestran fehacientemente que desde el momento en que se  permitió que los idiotas vivieran a costa del erario público, con la satisfacción plena de sus ilógicos caprichos, la proporción de subnormales registrados no ha cesado de crecer.  Y si este proceso continúa igual, dentro de otros 10 años el número de retrasados mentales habrá igualado al de la población activa. En la práctica, cada persona normal mantendría con su trabajo a un imbécil.

¿Quiénes son entonces los anormales? La pregunta, con estas premisas, no es en absoluto retórica. ¿Los que viven a costa del erario público, sin esfuerzo, preocupaciones ni responsabilidades, o los que con su trabajo pagan el manutención, las vacaciones permanentes de aquellos?

Nos hallamos, como es obvio, en una pendiente peligrosa. A punto de alcanzar el  no-retorno. Los esfuerzos presupuestarios crecientes que se invierten en el cuidado de los idiotas se detrae de otras partidas; en especial de la destinada a educación. La reasignación de recursos inducida por la multiplicación de imbéciles  se está realizando al modo de la pescadilla que se muerde la cola, pues la disminución de los índices de formación de nuestros niños –está a punto de aprobarse la Ley del Parvulario Obligatorio, un sofisma que encubre que ya sólo el será obligatoria la escolarización más temprana- es el caldo de cultivo idóneo para  la proliferación de inadaptados sociales . Y si no encauzamos este círculo vicioso, las consecuencias pueden ser imprevisibles, pero en ningún caso beneficiosas.

¿Queremos decir con esto, como han hecho otros con la boca pequeña, que el fuego debe iluminar de nuevo las piras ocupadas por victimas retrasadas, cuyo único  delito es la incapacidad psíquica y la inadaptación social? Rotundamente, no. La tradición humanística de este periódico es de todos conocida, y no nos vamos a desviar de nuestras ideas por imperativos economicistas.

No. La  Ley de Protección de los Disminuidos, como hemos dicho en otras ocasiones, nos parece perfecta. Es justo que una sociedad organizada para una tipo de personas –los que se llaman a sí mismos normales– ponga todos los medios a su alcance con el fin de conservar felices a sus desechos humanos, a los que sufren anomalías que les impiden sobrevivir en lo que para ellos es una jungla incomprensible y salvaje. En lo que discrepamos de modo frontal es en los reglamentos –mejor sería, en la falta de éstos– que permiten que una persona sea declarada subnormal. La absurda magnanimidad en la aplicación de la ley vigente es lo que nos ha empujado por esta dramática pendiente. A nadie se le oculta hoy que la puerta que separa oficialmente la normalidad de la subnormalidad es un auténtico coladero.

Cualquiera que tenga dos dedos de frente puede ser declarado idiota, a poco que se lo proponga. La ineficacia de esta Administración ha llegado al punto de que, para ser considerado imbécil de manera oficial, basta con que el supuesto afectado diga que lo es. El chiste de nuestro humorista (en la página 7) es casi una realidad: –“Oiga yo soy muy idiota”. –“Pues pase y disfrute del confort que le ofrece para el resto de sus días el Estado, en nombre de sus conciudadanos”.

Esta inaudita ausencia de barreras administrativas es, en cierto modo, la culminación natural de una ignominiosa campaña contra la burocracia. Aquí se practica la simplificación del papeleo y los trámites oficiales, que no es otra cosa que su negación, al amparo de una argumentación cuya falacia demostraremos más adelante: los idiotas son incapaces de sortear los aparatos burocráticos, luego estos deben seer suprimidos para descubrir y cuidar a nuestros desamparados retales psíquicos.

¿Qué hay que hacer, antes de que sea demasiado tarde? Modificar los reglamentos. Erigir una maraña administrativa que garantice a los contribuyentes cumplidores, a partir de este momento, que sólo los que sean de verdad idiotas serán admitidos como tales. Ahora, basta con decir que se es estúpido, cuando lo que habría que hacer es demostrarlo.

¿Y cómo puede probar su idiotez un ciudadano? Pasando con éxito una seria de exámenes científicos, que no dejen lugar a dudas. La burocracia administrativa se manifiesta una vez más como un arma fundamental para proteger a la sociedad  contra los abusos. Antes de que una persona sea declarado como idiota de manera oficial debe al menos haber superado una docena de instancias administrativas. Porque el argumento al que hacíamos alusión con anterioridad se puede invertir sin que pierda su validez: hace falta ser anormal para internarse en la espesura burocrática con el único fin de ser registrado como retrasado.

Pero es tal la ineficacia de la, a todas luces escasa, burocracia que padecemos, y tan elevado el número de candidatos a idiotas que debería arbitrarse un filtro final, en forma de tribunal civil, que dictamine si una persona puede o no ser considerada subnormal. ¿Y quiénes son los más adecuados para integrar este tribunal supremo de la estupidez? Obviamente –y no lo decimos porque éste sea el diario hecho por y para idiotas, con mayor difusión–, un grupo de notables elegido de manera democrática entre y por los propios imbéciles.

¿Quiénes mejor que nosotros sabemos quiénes son realmente idiotas?

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